Investigacion independiente que revela los secretos del poder

Agosto 10, 2020

Edición: Español

Por: @JuanPoe - Agosto 10, 2020

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DIPOL planea contratar un sistema de ciberespionaje que permite perfilar, ubicar y rastrear usuarios de redes sociales. Pruebas contundentes.

Ya no hay como negar los perfilamientos e interceptaciones ilegales por parte del Gobierno de Iván Duque. Hoy aparece un nuevo capítulo que demuestra el manejo irregular y oscuro que se le está dando a la inteligencia policial, que en vez de enfocarse en desarticular organizaciones criminales y narcotraficantes, parece estar más direccionada en ubicar y rastrear usuarios de redes sociales y páginas Web. El 27 de julio de 2020 el Brigadier General Jesús Alejandro Barrera Peña, el Director de la DIPOL, ordenó directamente la adquisición de un sistema de “ciberinteligencia basado en inteligencia artificial” por un valor de $4.498.699.800, es decir (cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos pesos).

Cualquiera pensaría que es normal que la DIPOL tenga un sistema de ciberinteligencia, pero solamente es ver la descripción técnicas que va a tener este poderoso sistema, para darnos cuenta que en realidad se trata de un sofisticado sistema de ciberespionaje que puede recabar datos personales de los usuarios en redes sociales, que se supone solo podrían ser recaudados por orden judicial.

En las descripciones técnicas se señala que el sistema debe estar especialmente diseñado para la identificación y el perfilamiento de los usuarios de redes como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, mediante mecanismos que sean capaces de superar el bloqueo de las cuentas de navegación. Incluso se menciona expresamente que el sistema debe ser incluso capaz de hallar la ubicación del usuario, analizar sus seguidores, sus hashtag, sus reetweet, sus comentarios y las menciones que hagan de su cuenta. Aquí está la prueba.

Si se analizan más a profundidad las descripciones técnicas del sistema, allí se señala que debe permitir “monitorear dinámicamente la actividad de las redes sociales y de mensajería instantánea que cuentan con links públicos como Facebook, Telegram, Twitter, Instagram”.  Igualmente se indica que debe facilitar la “Geolocalización de las cuentas”, es decir su ubicación geográfica en tiempo real. El sistema también debe permitir colocar en un lista las cuentas que mayor interacción generen en la red y perfilar las “cuentas más influenciadoras” es decir aquellas que causan “más impacto debido a su cantidad de seguidores”.

En la base de datos que queda en la DIPOL debe quedar un perfil que le permita a sus agentes tener datos sensibles como los siguientes:

  • Nombres y apellidos.

  • Número de identificación.

  • Nick name en redes sociales.

  • Dirección, ubicación y/o lugar

  • Nombres de usuario

  • Id o identificador de usuario en redes sociales.

  • Imágenes relacionadas con la cuenta

  • Fecha de nacimiento

  • Ubicaciones y direcciones

Si se trata de páginas Web, debe quedar un perfil que permitan acceder a datos como:

  • IP de página.

  • Dominio.

  • Nombre del administrador

  • Dirección

  • Ubicación

 

Aquí está la prueba de los datos que deben quedar en esa base de almacenamiento de información sensible:

Este es el registro oficial de la contratación en el SECOP de este sistema de ciberespionaje para perfilar y rastrear usuarios de redes sociales.

El riesgo de este contrato de espionaje sobre la integridad, privacidad e intimidad de las personas es muy alto, particularmente de opositores y contradictores políticos, especialmente si se tiene en cuenta los antecedentes de persecución e interceptaciones ilegales en el Gobierno del expresidente Uribe y en el actual Gobierno. Este tipo de recolección de datos se encuentra prohibida, pues permite recabar datos sensibles como la identidad de las personas, su ubicación, localización o elementos de su intimidad, que solo pueden ser auscultados con orden judicial como lo establece el artículo 44 de la Ley 1621 de 2013, que es la Ley de Inteligencia.

Lo más grave de esta situación es que el actual general de la DIPOL Alejandro Barrera Peña que solicita el sistema de ciberespionaje, hace parte de una gran Junta de Inteligencia Conjunta integrada por el Ministerio de Defensa, un asesor del Presidente de la República, el Jefe de Inteligencia de Ejército y el Comandante de las Fuerzas Militares en la que mensualmente se analiza esta información recaudada de forma masiva e indiscriminada, conforme a la ley 1621 de 2013.

Después de estas revelaciones quedan los siguientes interrogantes:

¿Por qué la DIPOL planea recabar datos personales de usuarios de redes sociales, especialmente de aquellos con mayor notoriedad o influencia?

¿Por qué se busca realizar estas actividades de espionaje, sobre usuarios de redes sociales, sin ni siquiera mediar un riesgo a la seguridad o la posible comisión de un delito?

¿Con qué fin se buscar perfilar y rastrear a usuarios de redes sociales de manera masiva e indiscriminada?

¿Qué piensa hacer la Junta de Junta de Inteligencia Conjunta integrada por los más altos funcionarios del Estado con estos datos personales?

 

Estas preguntas se las dejo a ustedes, estimados lectores.

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